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Las vistas de nuevos negocios se posan sobre el nuevo régimen de Participación Público Privada

La necesidad de reformas estructurales en lo que refiere a la puesta en valor de las vías de transporte (rutas, ferroviarias, puertos), hospitales, escuelas, etc., históricamente sugiere un panorama económico que representa al Estado como principal y único director de estas tareas.


El nuevo paradigma de la visión estatal se ve reflejado, entonces, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ya aprobado –con modificaciones- por el Senado y en vistas de ser considerado por la Cámara de Diputados, que propone la alianza estratégica entre el sector público con empresas del ámbito privado.

Esta asociación se vería materializada en la denominada Participación Público Privada (PPP). Consiste en una creativa herramienta que permitirá coordinar los recursos y la estructura estatal con la previsibilidad y control del sector privado.

Esta nueva coyuntura de la contratación pública tiende a brindar una mayor seguridad jurídica que atraiga inversiones en la órbita de la infraestructura, toda vez que implica una fuerte limitación a las prerrogativas del derecho público administrativo respecto del contratista particular.

Uno de las más novedosas y atractivas condiciones de la PPP sería la no aplicación a sus contratos de las leyes de Obra Pública, de Concesión de Obra Pública ni del Régimen General de Contrataciones Públicas.

Se procura, de esta manera, que el Estado pueda, en trabajo conjunto con el sector privado, llevar adelante tareas de infraestructura de forma más transparente y previsible en lo que respecta al manejo de los recursos públicos.

Esta modalidad, sin embargo, no es un invento del nuevo Gobierno. Lejos de ello, en la región puede apreciarse la modalidad en tratativa aplicada exitosamente en países como Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. Tampoco lo es a nivel local, ya que la figura de hecho existe pero carece de implementación por su limitado ámbito de aplicación, la ausencia de un marco jurídico adecuado que proteja la inversión y la falta de incentivos en lo que respecta a políticas de financiamiento.

Fuerte impulso legislativo al sector inmobiliario: se fomenta la inversión en viviendas

La nueva ley (Nº 27.271) crea un sistema de ahorro con el objeto de la adquisición de viviendas. La novedad refiere a la posibilidad que tendrán desde ahora las personas físicas y jurídicas de adquirir, construir o ampliar viviendas mediante el ahorro en “UVIs” o “unidades de vivienda”.

Lo realmente interesante de este novedoso instrumento de captación del ahorro público consiste, en un contexto económico inflacionario que deteriora el capital inmovilizado, en que el valor invertido en unidades de vivienda se mantendrá relativamente constante, toda vez que el mismo será actualizado en base al índice de costo de la construcción para el Gran Buenos Aires (GBA) publicado por el INDEC en forma mensual. También resulta llamativamente atractivo el hecho de que las UVIs estén exentas del pago de impuesto sobre los Bienes Personales, así como que toda renta percibida por las mismas en los casos de personas físicas queda eximida de ganancias.

Se otorgará la posibilidad de generar para las UVIs cajas de ahorro gratuitas o de invertirlas en plazos fijos.

Naturalmente que este tipo de medidas, estando autorizado por ley, será un atractivo a la hora de proceder los organismos autorizados a tal efecto a la constitución de fideicomisos financieros con el objeto de obtención de fondos en el marco de este programa de fomento del sector inmobiliario.

Un reciente fallo de la Cámara comercial sostiene que el certificado de deuda como titulo ejecutivo no vale por sí solo

El reciente fallo de la Cámara Comercial afirmó que el principio jurídico mediante el cual un certificado de deuda es un título suficiente a los efectos de verificar un crédito no es absoluto y que, por tanto, “es imperativo mencionar y probar la causa de la obligación”. Los magistrados afirmaron que los organismos públicos del Estado se encuentran “en pie de igualdad con el resto de los acreedores”.

La Cámara del mencionado fuero confirmó el rechazo del incidente de revisión promovido por la AFIP en los autos caratulados “Tejo, Alejandro Martin S/Quiebra – Incidente de Revisión de Crédito – Incidentista AFIP”, por entender que no se había acreditado fehacientemente el origen del crédito que dicho organismo reclamó en estos actuados.

El incidente en comentario fue desestimado por el a quo, con el argumento de que no se puede devengar una acreencia “cuando no existió el hecho generador del tributo”. El juez de grado admitió que si bien la ley aplicable “exige al contribuyente la notificación del cese de actividad para obstar a la determinación del impuesto, la omisión de la deudora en hacerlo no puede afectar el derecho sobre el dividendo de los demás acreedores concurrentes”.

Los magistrados Juan Manuel Ojea Quintana, Alejandra Tevez y Rafael Barreiro, quienes integran la Sala F del Tribunal de Alzada, han reconocido que los procedimientos efectuados de determinación oficiosa, regulados por las leyes nacionales o provinciales, consentidas o agotadas las instancias de revisión previstas legalmente “configuran causa suficiente a los efectos de los arts. 32, 126 y 200 de la ley 24.522”.

No obstante, aseguraron también que ese principio no resulta absoluto, “a partir del cual puedan llegar a justificarse situaciones en las cuales no se cumpla adecuadamente con las cargas mínimas exigidas por el ordenamiento concursal para admitir la incorporación de créditos a la masa pasiva de la concursada”.

En este sentido, el fallo de la Cámara, afirma que los organismos públicos estatales se encuentran en “a estos efectos, en pie de igualdad con el resto de los acreedores”. En dicho pronunciamiento, los Jueces de la Cámara sostienen que no resultaría legítimo admitir en beneficio de aquellos “distinciones o prerrogativas que la ley no establece y que conculcan en definitiva el principio de la pars conditio creditorum”.